Ya es hora de que el funcionario funcione”

José V. González, Juan A. Soto, E. Navarro, F. Palacios, J. Palafox y J. Romero

LIDIA MASERES. Ligar la productividad de los funcionarios con sus salarios es una medida que ya está plasmada en el estatuto de los trabajadores públicos desde 2007. Mientras los sindicatos se sorprenden porque la medida no es novedosa sino una "reivindicación propia", los expertos consultados por Valenciaplaza.com la celebran aunque dudan de la capacidad del Gobierno para llevarla a cabo

"Ya es hora de que el funcionario funcione". Quien lo dice es Fermín Palacios, secretario general del Sindicato Independiente de la Comunitat, y empleado público de la Administración. Ayer, el Gobierno lanzó la posibilidad de vincular el salario de los funcionarios a su productividad, pero dicho anuncio no es una novedad aunque lo parezca. Desde 2007 esta medida está plasmada en el Estatuto Básico del Empleado Público, sin embargo, la normativa sigue pendiente de negociación con los sindicatos. "Los funcionarios tienen que quitarse el estigma de que son vagos y maleantes, y los que lo sean, lo tienen que ver reflejado en su salario", afirma Palacios.

La medida, innovadora según por donde se mire, ha sido recibida con los brazos abiertos pero con bastante escepticismo por catedráticos, empresarios, sindicalistas y consultores. Muchas preguntas habría que resonder antes de calibrar el alcance de la propuesta, pero a primera vista, parece que su planteamiento es positivo.

Los sindicalistas valencianos consultados por VP, Juan Cruz, secretario general de la Federación de Servicio Ciudadanos (FSC) de CCOO, y Fermín Palacios, secretario general del Sindicato Independiente, se mostraron cuanto menos sorprendidos por el anuncio que hizo ayer el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. Ambos, tras recalcar que se trata de una vieja reivindicación, aseguraron que estaban completamente de acuerdo con la medida y a la espera de negociar con la Administración los complementos de los salarios. "Es un principio de igualdad", remarcó Palacios.

Según el Estatuto citado, las retribuciones de los funcionarios se clasificarán en básicas y complementarias, y éstas dependerán de las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o "el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario". Como explicaron los sindicalistas, lo que falta fijar son los porcentajes de la productividad y algo importante, quién medirá la eficiencia o eficacia de los trabajadores. "Los criterios que se tendrán que seguir deberán ser puramente objetivos y no políticos", matizó Palacios.

Esta última pregunta, y otras tantas, se plantearon ayer José Vicente González, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Jordi Palafox, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de València (UV), Joan Romero, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia, Juan Antonio Soto, responsable en Valencia de la consultora y auditora Ernts&Young y Eduardo Navarro, ingeniero industrial y presidente de Improven. Los cuatro, junto con los representantes sindicales, aplaudieron la idea pero presentaron sus objeciones.

SI FUNCIONA EN LA PRIVADA, EN LA PÚBLICA TAMBIÉN

Más que una posibilidad, debería ser una obligación. Los seis expertos consultados por VP coincidieron en que el Estado debe pagar según los objetivos cumplidos por varias razones. La primera porque motivaría a las personas, la segunda porque mejorarían los servicios públicos y la satisfacción del personal, y la tercera, porque si en la empresa privada funciona, por qué no iba a pasar lo mismo en la pública.

"¿Hay alguna diferencia a nivel de gestión entre una empresa pública y una privada? ¿Son diferentes las personas que trabajan en la empresa privada de la pública? Parece claro que lo que pueda ser bueno y útil para la empresa privada también lo será para la pública", se pregunta y se contesta Eduardo Navarro (Improven).

"Si pensásemos en el impacto que tiene la gestión por objetivos y la retribución variable ligada a ellos en una empresa privada, las conclusiones parecerían claras: mejoras de productividad que pueden superar el 20%, reducción de costes muy relevantes e incrementos de satisfacción de sus clientes", explica el consultor.

Añade que, dada la baja productividad de la función pública española, el Gobierno no tiene opción: "Es un camino que tarde o temprano deberemos recorrer". Y concluye: "Es cierto que implantar un sistema de gestión por objetivos y la retribución variable ligado a ellos es complejo, pero la experiencia de miles de empresas indica que, finalmente, es la mejor solución para clientes y empleados".

"UNA REFORMA COSMÉTICA"

Por su parte, el catedrático Jordi Palafox, quien se teme que no sea más que un globo sonda del Gobierno o una improvisación para desplazar otros temas más importantes, opina que "sería un gran paso en la urgente reforma del funcionamiento de las administraciones públicas si formara parte de un programa de medidas, al menos anunciado previamente a la presentación de los Presupuestos Generales de Estado, para abordarla".

"Algunas de las medidas que debería incluir un plan de este tipo las planteaba Antonio Cubel en su reciente artículo para Valenciaplaza.com. El funcionamiento actual de la Administración es, en todos sus niveles (local, autonómico y central), uno de los cuellos de botella a los que se enfrenta no sólo la actividad económica sino el quehacer diario del conjunto de los ciudadanos españoles", señala Palafox.

Pero en opinión del catedrático, "todo parece indicar, sin embargo, que el anuncio del vicepresidente Chaves no va en esta dirección. Una vez más parece que este gobierno improvisa tratando bien de recuperar el foco de la atención ciudadana, bien desplazarlo de otros temas o bien ambas cosas a la vez abordando en todo caso una reforma cosmética. Cuando uno de cada cinco españoles consideramos que los políticos forman parte de los problemas principales a los que nos enfrentamos, este tipo de anuncios aislados y sin concreción no hacen sino corroborar esta convicción dentro de la cual la elefantiasis de la Administración autonómica es un elemento clave".

Palafox asegura, además, que la retribución variable ya existe en segmentos de la función pública como la enseñanza universitaria. "Fue establecida siendo Javier Solana ministro de Educación, de lo cual hace ya algunos años. Sin embargo, hasta la fecha ningún gobierno, ni local, ni autonómico ni central, ha llevado a cabo un programa de evaluación de su funcionamiento ni ha recabado la opinión de aquellos que la disfrutamos para mejorar su eficiencia".

ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS

Asimismo, el presidente de la patronal valenciana, CEV, José Vicente González, también se muestra de acuerdo con la medida, pero con condiciones: "En términos generales, somos partidarios de que se vincule una parte del salario de los trabajadores públicos a la productividad, aunque antes de emitir una opinión habría que saber cómo se va a hacer y dar respuesta a algunas cuestiones: ¿el plus de productividad seria además del salario o una parte del salario actual? ¿cómo se medirá y aplicará este incremento de productividad?. Cualquier tipo de generalización que no mida el desempeño personal o de un grupo reducido no sirve para nada. ¿Tomará también la Administración medidas para reducir el absentismo de los trabajadores públicos? Somos partidarios de que los trabajadores públicos tengan los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. Ni más ni menos" .

MÁS DERECHOS QUE OBLIGACIONES

El catedrático Joan Romero enfoca la medida desde otro punto de vista, vinculado a la cultura social española: "Estoy teóricamente de acuerdo con la idea aunque no forma parte de nuestra cultura latina sino más bien de otras culturas anglosajonas en las que el capítulo de derechos y deberes está más asumido y desarrollado. La nuestra es más bien una cultura en la que en la función pública se ha insistido más en el capítulo de derechos que no en el de deberes".

No obstante, Romero opina que ha llegado la hora del cambio a la función pública y de "desarrollar también el capítulo de deberes y responsabilidades no sólo colectivas sino individuales en la función pública española. Y naturalmente que esa distinción, junto a otras muy rellevantes, tengan su traducción en las retribuciones". Y al igual que Palafox, manifiesta su escepticismo hacia la capacidad del Gobierno de poner en práctica tales medidas: "Está por ver que sea una inciativa pensada por un gobierno capaz de impulsar y coordinar con las otras partes que son Estado una medida de este tipo. Yo creo que tendrá resistencias corporativas importantes y no sé si insuperables".

SISTEMAS OBJETIVOS DE MEDICIÓN

Otro consultor, Juan Antonio Soto (Ernst&Young), opina que la voluntad del ligar los salarios de los funcionarios a la productividad le parece una idea en su concepto a aplaudir "y que a buen seguro contará con el respaldo de los ciudadanos". Sin embargo, afirma que ello supone en primer lugar "disponer de un sistema de ‘medidores’ de la productividad para la amplitud y diversidad de actividades que desarrollan los funcionarios que sea objetivo. Y luego concretar su impacto en la retribución de forma que incentive la mejora de la productividad. Incentivo que además será más difícil de conseguir si se mantiene la intemporalidad de los contratos". Y concluye que no es previsible que esta tarea "dé sus frutos a corto ni quizás medio plazo. Si se pretende presentar esta decisión como una medida para mitigar el déficit actual del sector público me parecería ilusorio".

ValenciaPlaza.com

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